En el año 2009, la empresa TFKC Reprex fundada por el ex jugador de fútbol Julinho firmó un millonario contrato con la empresa estatal Sedapal. ¿Para qué? Para que TFKC Reprex construya dos plantas de tratamientos de aguas residuales en San Bartolo. TFKC Reprex era una empresa novel que buscaba surgir y lo hizo, nada más y nada menos, que con un millonario contrato, a los pocos días de su fundación. Qué suerte, ¿no? Y a los que recién nos insertamos en el mundo laboral nos dicen que tenemos que empezar desde abajo. Claro, no empiezas desde abajo si tienes magníficas relaciones.
Resulta que hubo extensas dilaciones en las operaciones de la contrucción de las plantas. Se empezó a investigar el por qué. Pero claro, no lo hizo ningún poder inquisitivo del Estado sino un diario. En este caso Perú21. Últimamente todos los destapes surgen a través, y gracias, a los medios de comunicación y no debido al aparato judicial de este país.
Entonces, la Comisión de Fiscalización del Congreso lleva algunos meses investigando el caso. Recientemente, ante esta comisión, vertieron sus explicaciones sobre el irregular contrato los funcionarios que trabajan para Sedapal o trabajaron en dicha institucuión. Sus explicaciones no pudieron justificar el heteróclito arreglo contractual entre Sedapal y TFKC Reprex.
Por otro lado, las investigaciones de los parlamentarios -al fin demuestran algo de agudeza en estos temas de investigación los moradores del congreso- determinaron que "Sedapal transgredió la Ley de Contrataciones del Estado al haber aprobado el contrato con TKFC Reprex cuando ésta aún no estaba inscrita en el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), requisito indispensable para celebrar cualquier negocio con las entidades públicas". (El texto en comillas pertenece a Peru21).
O sea que Sedapal, organismo del Estado, viola cualquier regla que obste su camino para favorecer los bolsillos de sus funcionarios y comechados y hace lo que le viene en gana: contrata a un proveedor que ni siquiera pertenecía al ámbito de proveedores aprobados debidamente por la OSCE.
¿Qué podemos esperar los ciudadanos de un Estado que soslaya sus propias reglas de juego?
Hasta pronto
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